(ASUNCIÓN, PARAGUAY, 01.09.2020 – Exclusivo de KAIRÓS NEWS).- “Lo que merece usted es un castigo ejemplar» dijo el Arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, a Aurora Lezcano, una de las líderes universitarias cuando concurrió con otros dirigentes a una reunión con el arzobispo para dar solución a las demandas estudiantiles en 2017. Fui «pensando que me ayudaría y protegería», indicó.
Aurora, junto a Belén y Alexa son tres mujeres, jóvenes, ya profesionales o por serlo dentro de muy poco, que brindan una lucha heroíca en su país para hacer respetar sus derechos humanos, sus derechos estudiantiles y sus derechos de género. Cada día adquieren más apoyo y empatía de otros muchos jóvenes que las siguen en redes sociales y solidarizan con sus causas. Incluso, en la ciudad de Asunción hubo movilizaciones y caravanas de autos la semana pasada, pese a la pandemia.
Las tres tienen historias distintas pero un común denominador: han luchado contra un poder omnipotente que se genera en el accionar de personajes eclesiásticos clave con jueces, fiscales y defensores públicos.
“No entiendo de dónde sacan tanto poder. Yo no quiero ser mala onda, pero nosotras llegamos al Vaticano y hasta ahora no hemos tenido respuesta”, dice una de las jóvenes que contó haber enviado por mano, directamente al papa Francisco, un dossier de documentos. “Hasta ahora no sabemos si lo recibió y si lo leyó”, comenta.
Los hechos de este reportaje, son relatos de largas entrevistas a tres mujeres universitarias, los cuales fueron corroborados por Kairós News mediante otras fuentes, sea prensa o documentación de las carpetas investigativas a las que se accedió.
“Todos los caminos conducen a Roma”
Lo central en estos tres casos, es que donde sea que se generen los hechos, detrás de ellos aparece siempre alguien de la Iglesia Católica que está involucrado en las decisiones adoptadas. Ese alguien, puede ser: un cura, un rector, un obispo o un abogado y profesor. Los espacios: la Conferencia Episcopal, el Arzobispado de Asunción, la Universidad Católica, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, o simplemente una parroquia de barrio.
A modo de resumen, para saber quien es quien, ponga atención a estos perfiles de actores clave:
Edmundo Ponziano VALENZUELA MELLID
Tiene 76 años de edad, y es religioso salesiano. Desde 2014 es el sexto Arzobispo Metropolitano de Asunción y primado de Paraguay. Por cumplimiento de edad en noviembre del año pasado, presentó su renuncia pero fue confirmado por dos años más en su cargo debido a que formó parte el comité redactor del documento final del sínodo de la Amazonía, celebrado en Roma este año. Por ese motivo, los vaticanistas lo consideran hombre de confianza del Papa Francisco, pero en Paraguay no goza de buena fama porque se le atribuyen posturas contradictorias. Por un lado, niega la realidad de curas pedófilos, y por otro, la prensa dice que apoya causas violentas y hasta emerge con un discurso progresista en temas sociales.
En el reciente Te Deum de Fiestas Patrias (agosto 2020), dijo que para vencer la corrupción y la impunidad era necesaria una “reforma del sistema judicial y penitenciario, la depuración y el saneamiento estructural de las instituciones públicas y contar con jueces y fiscales probos en todas las instancias judiciales. Una justicia proba e independiente será la mejor garantía para consolidar la democracia”, dijo. Valenzuela es presidente de la Conferencia Episcopal, y por ser el arzobispo de Asunción, es también el Gran Canciller de la Universidad Católica.
Narciso VELÁSQUEZ FERREIRA
Tiene 56 años de edad y es presbítero. Fue recientemente confirmado como rector de la Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción» (UCA), para un segundo quinquenio (2020-2025). Es doctor en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma, Italia. Es docente universitario y tiene trabajo pastoral como párroco en el Santuario del Perpetuo Socorro. También es vicario de Asuntos Económicos de la Arquidiócesis de Asunción, y es el actual presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, electo el pasado 28 de octubre por el período 2019-2022. La UCA depende de la Conferencia Episcopal del Paraguay (CEP) y funciona en un edificio que es propiedad del Episcopado. El Sindicato de Trabajadores y el Sindicato de Empleados de la Universidad Católica de Asunción no querían la renovación de Velásquez debido a su reconocido autoritarismo. Tampoco lo quiere la Plataforma de Universitarias Feministas por no considerar los abusos contra las jóvenes.
Cristian Daniel KRISKOVICH DE VARGAS
Tiene 50 años y es abogado. Ejerce como profesor en la UCA en las cátedras de “Legislación Laboral y Seguridad Social” y de “Derecho Civil”. En 2013-2016, fue miembro del Consejo de la Magistratura, un órgano creado por la Constitución Política de Paraguay destinado a seleccionar y proponer ternas para jueces, fiscales y defensores, además de darles formación jurídica especializada. También, desde 2016, es miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, otro organismo constitucional, que tiene a su cargo evaluar el desempeño de funcionarios judiciales y dictaminar su remoción si procediere. En LinkedIn, su perfil indica que es el tercer abogado en el Estudio Jurídico Marcelino Gauto, y también se le reconoce como un hombre importante en el movimiento “Pro Vida” de Paraguay que se opone a todo tipo de aborto. Es casado y tiene tres hijos. Una alumna lo denunció por abuso sexual pero la causa fue desestimada por el fiscal Fabián Centurión, el 10 de junio del 2015. Curiosamante, justo al día siguiente, la víctima y universitaria en ese momento, fue imputada por la compra de notas.
Silvestre OLMEDO LEZCANO
Tiene 60 años de edad, es presbítero y párroco de la Parroquia San José de Limpio, en la ciudad de San Lorenzo. Ha sido imputado por abuso sexual contra la coordinadora de la pastoral juvenil de su parroquia. Estuvo una semana en la cárcel luego absuelto en sentencia de primera instancia. Ahora, junto con la apelación en lo civil se abrirá un juicio canónico. La ciudadanía se moviliza en su contra pero hay pequeños grupos tradicionalistas y de gente mayor que le apoyan.
El caso de Aurora
Aurora Lezcano Coronel, es de San Lorenzo, una ciudad del Departamento Central, que se ubica a 15 kilómetros de la capital, Asunción. Es la hija mayor de seis hermanos, que van de los 29 años que tiene ella hasta los 4 meses que tiene la menor. Aurora es la primera generación en entrar a la universidad. Actualmente cursa el sexto año de Derecho en la Universidad Católica de Asunción y anteriormente estudió Ciencias Políticas en la UCA y en la Universidad Nacional.
Entre 2015 y 2017, el Frente Estudiantil por la Vocación, que reunía a estudiantes universitarios de todo el país, protagonizó importantes movilizaciones por “la educación pública gratuita y de calidad” y se manifestó contra la corrupción y los abusos en las aulas. También protestaba por los altos aranceles que cobran las universidades privadas, ranking que encabeza la UCA, una de las más costosas del país.
“Estas movilizaciones ―dice la futura abogada― lograron el cambio del rector de la Universidad Nacional, y de gran parte de los decanos de diferentes facultades, a quienes acusábamos por casos de corrupción y de manejos turbios”.
Junto con ello, la joven recuerda que estallaron casos de abusos sexuales dentro de la universidad, particularmente, un caso muy mediático fue el del profesor que se ofreció para acercar hasta el paradero de buses a una alumna, en su auto, oportunidad que aprovechó para acosarla.
“Al iniciar el segundo semestre de 2017, nos encontramos que ya no estaba nuestro decano de Filosofía de la Universidad Católica, José Antonio Galeano, a quien lo habían pasado a retiro. Pedimos explicaciones al rectorado pero se negó a dialogar. Este decano era muy importante para nosotros pues dentro de lo restrictiva que es la UCA, él nos daba cierta libertad para poder generar pensamiento crítico y construir espacios de investigación”.
Imputaciones de la UCA
Por las manifestaciones realizadas contra el rector Valásquez en la UCA, Aurora y otros tres estudiantes, un egresado y una docente fueron procesados por la toma de la sede central y de las oficinas del rector de la Universidad Católica. Dos de ellos recientemente fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento y siguió adelante el caso contra Aurora.
“Se me acusó de coacción, una tipificación de carácter penal que protege la libertad de las personas y que castiga hasta con dos años de cárcel a quien por la fuerza o amenaza obligare a otra a aceptar o realizar una acción. En el fondo, este es un tema político que busca impedir que los estudiantes, los jóvenes y las mujeres ejerzamos el derecho a expresarnos. Así, realizar una protesta para nosotros es una forma de expresión pero para la autoridad es delito de coacción. Además, jurídicamente no tiene sentido porque la persona a la que supuestamente coaccioné, es una persona jurídica, no es una persona natural”.
“Como estudiantes denunciamos que lo que hay es una utilización de la Iglesia al poder judicial. Es la jerarquía de la Iglesia que utiliza al Poder Judicial para perseguir a los estudiantes y funcionarios que se levantaron contra la Iglesia y sus arbitrariedades. Los estudiantes fuimos perseguidos judicialmente, y los dirigentes sindicales de la Universidad Católica fueron despedidos. Y ahora están dentro de un proceso judicial para lograr su reincorporación, porque además de tener fuero sindical, o sea que no podían ser despedidos sin un juicio”.
“Castigo”
En este contexto, las y los dirigentes estudiantiles tuvieron varias reuniones con el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela. En una de ellas, Aurora recuerda que le dijo: “lo que necesitas es un castigo ejemplar. Esas fueron sus palabras. Así, ¡tal cual!”.
Luego, en otra reunión tenida con dirigentes sindicales de la UCA, Valenzuela, según lo que recogió la prensa, señaló: “La Universidad Católica está inspirada sobre la iglesia, y la iglesia es comunidad, una comunidad de creyentes. No está fundada sobre el concepto de la democracia, es importante saber eso, sino como iglesia, comunidad de profesionales, educadores, comunidad evangelizadora”.
Aurora, ahora en septiembre irá a juicio oral y teme que no podrá titularse de abogada por esta situación. “Para poder ejercer el Derecho, es necesario tener una matrícula, que te tiene que dar la Corte Suprema de Justicia y no tener antecedentes penales. Tampoco podré acceder a becas posteriores. Actualmente, y desde 2017, tengo orden de arraigo y si saliera del país debo comunicar mi salida, motivo, dónde voy a estar, el número de teléfono, etc”.
“Tengo fe, tengo seguridad y voy a pelear”, añade. ”Voy a pelear esto hasta las últimas consecuencias. Y si pierdo a nivel nacional, voy a llevar esto a nivel internacional. Porque mi ética no me permite dejar que la Iglesia manosee así al Poder Judicial. Yo soy una persona que creo profundamente en el derecho, en el estado social de derecho porque es una forma racional de vivir como sociedad. Y no puedo permitir que se utilice al poder judicial, se le deslegitime mediante la corrupción y las redes de poder”.
No pierdan la fe
“Hoy soy más bien de cultura católica. Mi abuela es de la Legión de María y ha sido siempre activa en la Iglesia. Ella es una de las personas que es mi guía en este mundo y por ella nunca voy a perder la fe. Cristo nos llama a vivir el evangelio y eso muchas veces implica hacer sacrificios. Por eso, para ser coherente con mis convicciones y con mi ética, voy a enfrentarme con este poder judicial y la jerarquía de la Iglesia”.
“Pido a los jóvenes de América Latina que no pierdan la fe pese a lo que pasa con la jerarquía de la iglesia. No pierdan la fe y no dejen de cambiar el mundo. El mundo se cambia con acciones colectivas y hoy más que nunca necesitamos estar unidos y avanzar juntos para poder tener un mejor vivir”.
El caso de Belén
María Belén Whittingslow Castañé, tiene hoy 30 años de edad y pide no hablar de su familia por razones de seguridad. Ella también estudió Derecho en la Universidad Católica de Asunción. Le faltaban tres materias para recibirse, cuando fue expulsada. Se tituló en otra universidad y hoy es abogada. Pero vive en el exilio, sin poder ejercer.
Actualmente reside en Montevideo (Uruguay), hasta donde llegó hace un año, dejando atrás a su familia cuando era perseguida y vigilada permanentemente por desconocidos en su casa y sitios que visitaba. Según lo que expresa, su delito mayor fue haberse enfrentado a uno de los poderes fácticos más importantes del Paraguay: la Iglesia Católica.
Acoso no galanteo
“Lo mío es acoso sexual. Un acoso sistemático vía celular, también cuando lo veía, cuando era mi profesor, era algo muy vulgar. En ese momento yo tenía 22 años de edad y él aproximadamente tenía unos 41 años. Tenía mucho miedo de hablar y me daba vergüenza. Era muy complicado para mí porque él era el representante de la Universidad Católica, de modo que todo mi futuro dependía de este señor”.
“En sus mensajes de texto me hablaba como pidiendo sexo, me pedía que le propiciara masajes, que vestida con mi uniforme de hockey que practicaba, fuera al Consejo de la Magistratura donde se eligen jueces y fiscales… Todos mis compañeros se daban cuenta. Y si había que hacer algo en clase, me mandaba a mí o me decía: Belén, pasa al frente porque no quiero que copies. También me hacía pasar a la pizarra, entonces, él daba vuelta la silla y abría sus piernas. Una vez lo encontré en la calle, y aunque yo creía que era fortuito, todos me dijeron luego que no, que me estaba siguiendo. Ahí me propuso ir a un lugar más tranquilo, para hablar el tema de las notas. Siempre quería acostarse conmigo”.
“Todo eso fue como un año. Siempre comenté en mi casa, a mis amigas, a todo el mundo y me decían no, no denuncies, síguele el juego. Hubo un momento que yo sinceramente no aguanté y tuve que ir a muchas sesiones psicológicas. Lo veía en persona y me agarraba el pánico. Todo esto afectó mi salud hasta el día de hoy. Tenía vergüenza de salir a la calle, no podía salir a la calle. Me sentía culpable. ¿Por qué, yo? decía. ¿Qué hago yo para que él haga eso?«.
Arzobispo: “qué es lo que quieres”
“Cuando denuncié nunca recibí respuesta. Después de dos años y pico me llamó el arzobispo Edmundo Valenzuela, y yo me dije: bueno, es el llamado divino, gracias a Dios, acá se soluciona todo. Me fui con tanta fe a esa reunión”.
“El arzobispo me llamó personalmente a mi celular personal para reunirnos y me dijo que yo tenía que ir sola. No importa, es el representante de Dios en la tierra, me dije. Mi abogado me dijo que fuera acompañada pero como se trataba del arzobispo de Asunción… ¡fui sola!»
“La reunión fue una falta de respeto total hacia mí porque Valenzuela solo ponía atención a su ipad, no me miraba, y no me escuchaba. En un momento me dijo: Bueno, ¿qué es lo que quieres, mi hija, para terminar esto acá? Yo le dije: lo único que quiero es la verdad, no quiero nada más. Entonces el arzobispo me dijo: pero algo deberías querer… Yo le dije: no quiero nada, quiero la verdad. Y ahí terminó la reunión.
“Sin vergüenza”
Por su parte, Kriskovich ante los cuestionamientos que se le hacían en el sentido de si no tenía vergüenza de asumir un cargo tan importante en el Consejo de Magistratura, hablaba con la prensa y declaraba su inocencia. El tema tomó fuerza en la agenda política y algunos senadores reprocharon su moral e intentaron postergar su juramento ante el Consejo pero los votos fueron insuficientes. En cambio, la Cámara de Diputados sí aprobó el pasado 4 de julio, una resolución de declaración para instar a Cristian Kriskovich a que renuncie a su cargo como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y en el Consejo de la Magistratura (CM)».
Finalmente, María Belén cuenta que su acosador, Cristian Kriskovich, fue sobreseído en el sumario administrativo de la universidad que dirige Velásquez para evitar que él dejara de ser representante ante el Consejo de la Magistratura. También en la fiscalía hubo irregularidades con las pruebas del celular y al final se sentenció que “fue una suerte de cortejo y galanteo de parte del docente a su alumna. Imagínate a lo que llegamos. No apelé porque con que él haya admitido todos los mensajes, yo gané el juicio”.
“Solo piropeaba”
Belén explica que la legislación paraguaya da un plazo de dos años para interponer una denuncia por daños y perjuicios después de una resolución absolutoria. “Pues bien, cuando faltaban cinco días para que se cumpliera el plazo, Kriskovich me demandó por la suma de 450 mil dólares americanos por daños a su imagen. Aquí está el problema. ¿Qué es esto? Simplemente un mensaje claro a las mujeres para que no denuncien si es alguien con poder, ¿entiendes? ¡Imagínate! ¿de dónde voy a sacar los 450 mil dólares? Me van a inhibir de por vida. Y eso es lo que buscan, callarnos, pisarnos, esa es la realidad”.
“Además, se me sigue esa causa por supuesta compra de notas. Aquí yo quiero que se perite el sistema informático para poder defenderme pero no me dan esa prueba. El proceso siguió como quieren ellos y me declararon la rebeldía, sin llamarme a una audiencia. Eso lo hizo una jueza interina, que no era jueza titular. Ella decreta mi captura y ahí, a los 15 días, Kriskovich, a quien yo denuncié, confirmó a la jueza en el cargo. Por eso presenté una acción de inconstitucionalidad ante mi orden de captura pues es ilegal tal como mis abogados consiguieron demostrar y la auditoría de la Corte señaló que esa medida era ilegal pero todavía nada se revierte».
“Maricón”
«¡Nosotras sabemos cuando se nos galantea y cuando se nos acosa!”, exclamó la diputada Celeste Amarilla cuando expuso la situación de Belén ante la Cámara de Diputados, la cual resolvió pedir públicamente la destitución de Krikovich, cosa que la las autoridades de la UCA y la Iglesia no hicieron.
“Este poco hombre, este Kriskovich, maricón, dijo: ‘Yo solamente la piropeaba’. Usó toda su influencia que pudo para que la causa no corra, para que los teléfonos de ella no se periten, consiguió que el fiscal desestime la causa y él también tiene que ser investigado», afirmó la parlamentaria.
El caso de Alexa
Alexandra Torres González, tiene hoy 24 años y un físico más bien pequeño y delgado que nada tiene que ver con su fortaleza interior que llega a mover a la ciudadanía de Asunción. Vive con su abuela, tía, su hermana y su mamá. Su papá vive en el exterior. Y próximamente se recibirá de arquitecta. A los 20 años de edad denunció al sacerdote de su parroquia San José del barrio Limpio, Silvestre Olmedo, por abuso sexual.
Los hechos ocurrieron el 21 de septiembre del 2016. “Ese día yo fui a la Casa Parroquial para redactar una nota, pues era coordinadora de la pastoral juvenil de la parroquia en donde él era párroco. Le pedí ayuda al sacerdote y me hizo pasar a su oficina. Una vez adentro, en su oficina, Olmedo se acercó a mí y me empezó a acariciar el pelo, luego la espalda y luego metió su mano por debajo de mi blusa y abrigo. Me manoseó el pecho. Luego de eso, me dijo en guaraní: vamos a hacer la nota después. Y me hizo un gesto con su mano para que yo saliera de su oficina. Claro, yo estaba helada, paralizada”.
“¿Te enojaste?”
“Fui al baño y ahí estuve ahí llorando por media hora, más o menos. En ese momento le escribí a un amigo comentándole lo que me pasó y como estaba en su trabajo me dijo que pasaría a buscarme”.
“Al salir del sanitario, el cura seguía ahí en la Casa Parroquial y me insistió tres veces para que volviera a ingresar a su oficina para hacer la nota. De tanto que insistía, accedí, pero para realizarla en la Secretaría que está enfrente. Me senté y él me dice que salga, que él se iba a sentar ahí para arreglar la nota. Se sienta y me hace otra vez un gesto insinuando que me iba a abrazar. ¿Te enojaste?, me preguntó. Claro que sí, le respondí. Luego me encontré con mi amigo a quien le conté por mensaje y me ofreció ayudar. Entonces, empecé a contar a los más cercanos lo que me pasó pero lo más duro fue contarle a mi familia, sobre todo a mi hermana que también es líder de la pastoral juvenil.
Alexa, como le dicen sus familiares y amigos, y el nombre con que figura en redes sociales, dice que lo primero que hizo fue hacer la denuncia ante el arzobispado. Más tarde lo hizo en la fiscalía donde se absolvió a Olmedo pese a que éste admitió el caso. “Yo renuncié de mi puesto de coordinadora de la Pastoral Juvenil y unos amigos que encararon al cura lograron grabarle un audio donde reconoció los hechos”. El audio fue entregado a la fiscalía mediante el celular y notebook los que fueron perdidos y maltratados.
Una piedrita, no una montaña
“Cuando fui a hablar con el arzobispo Edmundo Valenzuela, le dije que venía a denunciar que sufrí acoso por el sacerdote Silvestre. Y él me dijo: si, yo ya escuché el audio pero ante todo tienes que tener en cuenta la dignidad del sacerdote. Insistí y volví a hablar con el arzobispo. Fui con mi amigo, quien le preguntó de entrada: ¿y dónde queda la dignidad de la víctima? No respondió y solo nos pidió que oráramos mucho por su sacerdote y cosas así”.
“Entonces, jamás nos dijo de que va a hacer una investigación, que le va a dar una sanción o algo así. Después de eso fue que denuncié judicialmente y ahí recién empezó las investigaciones dentro de la iglesia, pero esas investigaciones duraron un mes, más o menos. Cuando yo me fui a dar las declaraciones al arzobispado, ellos me anotaron y yo pedí una copia de mi declaración pero no me dieron porque me dijeron que era privado, que era una investigación interna”.
“Al mes llegó una carta a la Pastoral Juvenil, donde decía que el hecho en sí constituye un gesto indecoroso. Y también decía en esa carta que no se haga de una piedrita una montaña. Añadía que la sanción que se le iba a dar al sacerdote eran 6 meses de retiro espiritual”.
Silencio
“Después que hice la denuncia ante la fiscalía me dijeron que a este cura lo iban a hacer obispo, y que yo estaba pagada para perjudicarlo e impedir que él ascendiera en la jerarquía. La verdad es que yo no no sabía que a él lo iban a nombrar obispo”.
“Después de haber denunciado, se acercaron a mí otras chicas que sufrieron acoso de parte de él. Finalmente igual fue absuelto por la jueza que cuando pronunció la sentencia lucía una inmensa cruz sobre su pecho. Ella, mujer también, me condenó a pagar los honorarios del cura que me ofreció dinero. Tengo que pagar 50 millones de guaraníes (5,5 millones de pesos chilenos)”.
“Esas dos chicas de mi misma parroquia San José que dicen haber sido abusadas por Olmedo pero no se atreven a hacer denuncias porque no tienen abogados que puedan ayudarles. Tampoco es fácil soportar que salgan hombres y mujeres de las parroquias, que son abuelas y mamás, con carteles a la fiscalía diciendo que una es una endemoniada y que lo único que quiere es destruir la iglesia. Eso no es así”.
Reacciones
El pasado 15 de agosto, en la festividad de Nuestra Señora de la Asunción y de la Fundación de la ciudad, el arzobispo Valenzuela dijo en su homilía hizo referencia al “protocolo de prevención y protección de abusos contra mujeres, menores y personas vulnerables”. Aseguró que la iglesia “está en contra de la violencia hacia las mujeres y hacia cualquier ser humano. Y no encubrirá a ningún clérigo, consagrado o agente pastoral, que faltare a algún aspecto de la dignidad de cualquier persona”.
Sobre Olmedo, añadió que “indudablemente las resoluciones judiciales pueden ser objeto de críticas. Pero, en bien de la institucionalidad e imparcialidad, es importante que la revisión de los fallos sea siempre en las instancias correspondientes, sin la intromisión externa”, aseguró.
El arzobispo de Asunción adelantó que una vez culminado el proceso civil, seguirá el proceso canónico contra el sacerdote Olmedo, como lo establece el protocolo y se refirió a la joven denunciante.
“Debo decir para quienes no saben que el padre Silvestre Olmedo hace cuatro años está apartado del oficio de párroco. Y como Obispo quiero dejar en claro que los cristianos debemos evaluar con criterio todos los factores de la realidad antes de emitir juicios y que estos nunca deben ser temerarios, sino prudentes, buscando la verdad en el amor y también la caridad en la verdad”, expresó.
Finalmente, el arzobispo paraguayo, instó a “tener cuidado” con la intención de “manipular los hechos y los sentimientos”, ante situaciones como las que se dieron con el sacerdote procesado. Dijo que se busca instalar “una agenda política y mediática virulenta y anticristiana”. Hay, dijo, “una verdadera campaña que intenta destruir la autoridad moral de la Iglesia para acallarla y apartarla de las cuestiones sociales que le competen a sus hijos e hijas más vulnerables”, finalizó.
Absolución
La ciudadanía, sin embargo, parece no está muy de acuerdo con los dichos de su arzobispo. Caravanas de automóviles, y manifestaciones nocturnas en el frontis de la Catedral de Asunción, más miles de post en diferentes redes sociales, dan cuenta del apoyo que genera Alexa, siendo la iglesia blanco de fuertes críticas por su actuar ante los casos de abuso sexual.
Sobre esa absolución judicial de Silvestre Olmedo, el tribunal indicó era necesario que se configure una relación de jerarquía entre el acosador y la víctima y en este caso esto no se daba. Es más. La jueza Dina Marchuk, integrante del tribunal que falló, dijo en una entrevista de la radio Monumental 1080 AM, que no hubo influencia entre el agresor y la víctima.
Señaló así: “En este caso, específicamente no se daban los presupuestos y elementos del tipo penal del artículo 133, ya que para ello debe haber una relación vertical o de dependencia y no se daba en este caso. Él –sacerdote– no ejercía ningún tipo de autoridad sobre la víctima. Se apeló al trabajo de personas voluntarias en la pastoral que no tienen una dependencia jerárquica, ya que ellos elaboraban sus propias actividades y no existe una relación de dependencia y mal podíamos ajustar este tipo penal”, expresó.
Luego, consultada por la radio acerca de su concepción sobre la influencia que puede ejercer un religioso dentro de la comunidad, la jueza contestó que a su criterio, un sacerdote es el que orienta, pero las personas son las que pueden tomar las decisiones que crean correspondientes. No profundizó sobre la cuestión de fondo. Marchuk dijo que no consideró esa cuestión, ya que se ciñó estrictamente al tipo delictivo que se presentó.
Noticias en desarrollo
Al cierre de este reportaje, María Belén Whittingslow insistía desde Uruguay, en el poder que ejerce Cristian Kriskovich en los jueces. Junto con recordar que la imputación que le hicieron por compra de notas es posterior al abuso cometido por el docente Kriskovich, la joven víctima reclama que habiendo transcurrido ya un año desde que la Corte emitiera una auditoria en que declara que la orden de captura en su contra fue ilegal e ilegítima, ésta aún no se ejecuta obligándola a permanecer en el exilio. Lo dice claramente así:
Entre tanto, ayer lunes 31 de julio llegó hasta los tribunales Alexa Torres acompañada de sus abogadas del Consultorio Jurídico Feminista, con el fin de presentar la Apelación Especial de la Sentencia de Primera Instancia del caso contra el sacerdote Silvestre Olmedo (ver aquí la apelación).
Y en la última situación, la próxima semana, lunes 7 de septiembre, a las 7:30 horas, se llevará a cabo el juicio oral y público por el delito de coacción ejercido supuestamente por Aurora Lezcano contra la Universidad Católica. Su defensa y familiares piden acompañamiento para apoyar a la joven universitaria.
«Quienes acompañamos este caso, estamos preocupados por la situación de Aurora Lezcano, porque enfrenta nada más y nada menos al poder real que hay en nuestro país. Ya vivimos lo sucedido con el caso de Alexa Torres, ya vivimos lo sucedido con Belén Whittingslow, que ahora está en Uruguay. No bastan las pruebas. La justicia no es independiente en nuestro país”, dijo a la prensa Maccarena Chilavert, quien forma parte de un grupo que acompaña los tres casos.
[Reportaje de Aníbal Pastor N.]
